La Defensoría del Pueblo denunció que el delito de extorsión ha crecido un 20,5% en los últimos cuatro años, por lo que hizo un llamado a la institucionalidad gubernamental a trabajar para implementar medidas efectivas.

"De acuerdo con el portal Siedco, sobre estadística delictiva, de la Policía Nacional, en 2020 los ciudadanos colombianos reportaron 8188 casos; durante 2021, 8342; en 2022, 9791, y en el 2023, 9871", apuntó la Defensoría.

Los departamentos que más casos de extorsión presentan son: Cundinamarca (1827), Antioquia (1725), Atlántico (1227), Valle del Cauca (1010) y Norte de Santander (525 casos).

“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 

El Defensor del Pueblo destacó la 'Operación Dominó' para reducir la cantidad de extorsiones, pero "requiere un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional para que haya una modernización del sistema penitenciario en tecnología de punta 4G o 5G, sobre todo porque, además de que hay pocos inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles, los que existen tienen tecnología obsoleta 2.5G”.

La Defensoría del Pueblo apuntó que de 124 establecimientos a cargo del Inpec, solo 16 cuentan con sistema de inhibición de señal, sin embargo, de ellos solo en seis funcionan los inhibidores y con tecnología 2.5G.

El defensor Camargo Assis concluyó resaltando que hay que buscar mecanismos con operadores de servicio de telefonía celular para “prevención, como la identificación en los equipos de comunicación de los ciudadanos a través de las llamadas de celular que sean realizadas desde los establecimientos penitenciarios y carcelarios".